Las organizaciones
indígenas, afrocolombianas, campesinas, sociales, ambientales y ciudadanos en
general, nos unimos a la campaña mundial por las Semillas Libres y manifestamos
nuestra indignación por las políticas y normas de semillas expedidas por el
gobierno colombiano, las cuales se han impuesto en el marco de los Tratados de Libre
Comercio y que están llevando al agro colombiano a una profunda crisis.
La política de los gobiernos
ha estado orientada hacia el fomento de grandes proyectos minero-energéticos,
de infraestructura y agroindustriales, que han profundizado la inequidad, la
expulsión de poblaciones locales y el aniquilamiento de las economías rurales y
de la soberanía y la autonomía alimentaria. En el campo colombiano cada vez hay
más millones de campesinos, indígenas y afros sumidos en la pobreza y unos
pocos terratenientes que acaparan la tierra, lo que nos ha convertido en uno de
los países más inequitativos del mundo.
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| Casas de víctimas del desplazamiento en Quibdó |
En Colombia las leyes que vulneran la Libertad de las Semillas son:
El artículo 4 de la Ley 1032 de 2006 que criminaliza a los agricultores por sembrar semillas
de las empresas sin autorización y también las semillas
“similarmente confundibles” a
una semilla protegida legalmente.
La Resolución 970 de 2010 del ICA, es
un instrumento para perseguir, volver
ilegal y criminalizar el uso de semillas nativas y criollas por los agricultores y exige que solo se pueden utilizar semillas certificadas y
registradas.
Ley 1518 de 2012 que aprueba el Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV 91, le permite a las empresas apropiarse de las semillas,
puesto que define como “obtentor” a “La persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad”; permite una protección similar a una patente y desconoce los
“derechos de los agricultores” al impedirles la resiembra, uso, intercambio y
comercialización.
El Decreto 4525 de 2005 de bioseguridad, permite sin los debidos controles,
la liberación comercial de cultivos y alimentos transgénicos y la contaminación
de las semillas nativas y criollas.
Las organizaciones locales y
sociales de Colombia consideramos que estas leyes y normas de semillas son
ilegítimas e inconstitucionales, porque violan los derechos humanos
fundamentales de las comunidades rurales, los convenios internacionales
suscritos por Colombia, como el convenio 169 de la OIT y las leyes que protegen
los derechos de las comunidades étnicas y la soberanía alimentaria nacional.
Igualmente violan los derechos que tenemos los colombianos sobre el patrimonio
genético de la nación y los consumidores urbanos perdemos los derechos a una
alimentación sana y biodiversa que nos proporcionan las semillas que están en
manos de los agricultores.
Por todos los argumentos expuestos,
las organizaciones locales y sociales de Colombia, manifestamos:
Nuestro Rechazo al control
corporativo sobre la vida, a todas las formas de propiedad intelectual sobre
las semillas, a los organismos vivos y su conocimiento asociado, la
biopiratería, las semillas transgénicas, las leyes ilegitimas que criminalizan
el libre flujo y multiplicación de las semillas. Estas normas violan los
derechos sobre el patrimonio genético y cultural de los colombianos y especialmente
los derechos colectivos las comunidades indígenas y campesinas sobre su
biodiversidad y también el derecho de los ciudadanos a una alimentación libre y
soberana.
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| Antes: soberanía alimentaria. Hoy, desplazamiento, desarraigo y pobreza |
Consideramos ilegales todas
las normas que operan en Colombia que pretenden regular el uso de semillas, en
el marco de la UPOV 91, del decreto 345 de la CAN, el artículo 4 de la ley 1032
de 2006, y la resolución 970 de 2010. De otra parte, todas estas normas han
sido proferidas sin realizar la consulta previa informada con poblaciones
étnicas. No vamos a reconocer ninguna ley que
otorga de manera ilegítima la
propiedad privada de las semillas y el control monopólico a las empresas de las
semillas, puesto que estas son
patrimonios colectivos de los pueblos.
Rechazamos los decomisos de
semillas y judicializaciones a agricultores que el Instituto Colombiano
Agropecuario –ICA está realizando en diferentes regiones del país. Entre 2010 y
2011 se decomisó 1.167.225 kilogramos de
semillas. Les notificamos que por cada
semilla que nos decomisen, haremos que estas germinen y florezcan de nuevo, se
multipliquen, se esparzan y caminen
libremente con los agricultores por los campos de Colombia.
Saludamos el proceso de
negociación que actualmente adelanta el gobierno colombiano con las Farc y el
Eln y esperamos que finalmente se pueda acabar con esta cruel guerra que tanto
daño le ha costado al país. Creemos que la paz solo se logrará si existe la voluntad
política de todas las partes para realizar cambios que resuelvan problemas
estructurales, en donde se involucre en los acuerdos de paz especialmente a la
población afectada por la guerra.
No es fortuito que uno de
los temas iniciales y centrales en la agenda de negociación actual, sea el tema
agrario y de tierras. Consideramos que entre los temas centrales en la
negociación se debería incluir una verdadera reforma agraria, que permita a las
poblaciones campesinas, indígenas y afro vivan dignamente y en paz en sus
territorios; y una política de fortalecimiento de la soberanía y autonomía
alimentaria para el campo y la ciudad. En este contexto, se deben reconocer los
derechos colectivos y el control local de los territorios, que incluya los
recursos naturales allí existentes, la tierra, el agua, los bosques y las
semillas como fundamento de los sistemas productivos de la agricultura familiar
y comunitaria. Es por ello que consideramos que el tema de las semillas debería
ser incluido en el actual proceso de negociación de paz.
Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de
semillas campesinas, que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control,
que promuevan las semillas reproducibles y locales, que favorezcan la
agroecología, el acceso a la tierra y el cuidado de los suelos, y también deben
promover la investigación participativa controlada por los campesinos. Estas
políticas deben prohibir la privatización y acabar con los monopolios de las
semillas por la industria y no deben promover las semillas no reproducibles
como los híbridos y tampoco los transgénicos.
Hacemos un llamado a las comunidades indígenas, afro y
campesinas de Colombia a conservar, proteger, desarrollar y compartir nuestras
semillas; esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma
de preservar la biodiversidad. Continuaremos trabajando dentro de nuestros
propios sistemas campesinos de semillas, los cuales han asegurado la
biodiversidad y alimentado a la humanidad y lo continuarán haciendo ante la
crisis climática actual.
Igualmente llamamos a la ciudadanía en general que
habita las ciudades, para que realice acciones por la defensa del derecho a la
alimentación y reivindique la soberanía alimentaria nacional. Actualmente, las
comunidades rurales en Colombia producen más del 60% de los alimentos que se
consumen en las grandes ciudades; en ese sentido, la privatización y
penalización del uso de las semillas, pone en riesgo el derecho a la
alimentación de los colombianos.
Las semillas en manos
de los agricultores son un eslabón fundamental para que las poblaciones rurales
y urbanas garanticemos nuestra soberanía y autonomía alimentaria. Es por ello
que los agricultores estamos guardando las semillas, no solo para nosotros sino
también para nuestros hijos;
puesto que las semillas como lo reafirma la Vía Campesina son patrimonio de las
comunidades campesinas y afrocolombianas y de los pueblos indígenas al servicio
de la humanidad.
Bogotá, Octubre de 2012
Grupo Semillas, Campaña Semillas de Identidad,
Colectivo de Abogados José Alvear, Ilsa, Comité de Interlocución
Campesina y Comunal (8 organizaciones: ACC, ADUC, Amnucic, Andas, Fenacoa,
Fensuagro, Fundación San Isidro, Asomercamp, Confecomunal), Mesa de Unidad
Agraria (20 organizaciones), ONIC, ILSA, FIAN - Colombia, ATI, OBSAN, Obusinga,
Uramba Tve, Artenred -Bogotá, Arcupa, Censat.
