A INGRID SE LE ABRÓ LA AGALLA...

Sí, todos los ciudadanos tenemos derecho a demandar al Estado por acción u omisión cuando vulneran nuestros derechos, cuando el Estado no garantiza nuestra integridad, cuando somos víctimas. Es el derecho que nos asiste como ciudadanos en una democracia basada en el respeto a los Derechos Humanos y al principio fundamental que todos los hombres somos iguales ante la ley. Por eso es inconcebible que mientras en la Ley de Justicia y paz reconozcan como tope máximo veinte millones de pesos a los familiares por cada una de las víctimas asesinadas en medio del conflicto armado, y la ley reconozca el pago algunas otras migajas para reparar los daños sicológicos y morales, y este proceso sea dispendioso, sujeto a la discrecionalidad del Estado y a la disponibilidad de recursos, haya personas, llámense ingrid, gustavo, consuelo, o pepito, que entablen millonarias demandas en contra del Estado, como si el dolor de sus familiares fuera cien veces mayor que el de una madre que pierde su hijo en una operación de falso positivo, o si su hija ha sido reclutada a la fuerza por cualquier grupo armado. Las demandas al Estado son un poderoso mecanismo de corrupción, donde “prestantes” abogados asesoran a “prestantes” personalidades para saquear el patrimonio, en contubernio con jueces y otras autoridades que imparten justicia. No es sino "aceitar" los procesos; y es una forma fácil y tramposa de enriquecerse a costillas del Estado. En este país existen ciudadanos de primera hasta quinta clase, dependiendo de la capacidad que tengan para interponer acciones legales en la exigibilidad de sus derechos, es el caso de las víctimas del desplazamiento que para solicitar mínimas condiciones de vida dignas tienen que interponer derechos de petición, tutelas, desacatos, y esperar pacientemente “hasta que San Juan agache el dedo” esperando respuesta a sus justas demandas. Los padres de la patria y quienes han estado cerca al poder conocen los mecanismos y los atajos jurídicos para hacer que se les aplique lo que ellos llaman su justicia, para que se les indemnice, generalmente cuando existen esas componendas casi todos los pleitos se ganan, si nó que lo digan en el departamento del Chocó, (por ejemplo) que día a día ve como en sus municipios embargan los presupuestos oficiales para responder a las demandas de particulares. También este tema que ahora ocupa los titulares de los medios de comunicación, pasará a segunda plana cuando haya otros hechos que ocupen la atención de la opinión. En algún tiempo sabremos que los tribunales habrán fallado a favor de las víctimas que interpusieron elevadísimas demandas, que si bien es cierto sufrieron los rigores de un secuestro, hay muchos de nuestros hermanos que también lo han vivido en carne propia y que están lejos de que les sea reparado el daño. No hace parte de la justicia ni de la legitimidad que a unos se les mida el daño de manera pírrica y a otros se les repare desproporcionadamente. No es nivelar por lo màs bajo, es que sencillamente estos mal llamados “representantes del pueblo”, a quienes se les eligió en las urnas, (será que volveremos a votar por ellos?) con estos cuestionables actos demuestran una vez más su ambición, su conveniencia personal y su falta de compromiso… no hay derecho!!!!