Es innegable que los grupos armados que participan en el conflicto, también cometen delitos comunes y delitos de lesa humanidad. Todos, en mayor o menor grado violan los Derechos Humanos, y al lado de ellos, como sanguijuelas, pululan muchos otros grupos, que como producto de purgas internas, de deserciones, de divisiones, o separación de sus filas, conforman bandas que se dedican a cometer todo tipo de acciones de delincuencia común.
A punta de “trinos” no se elimina del léxico la expresión de conflicto armado, ni se puede decir que este desapareció; las víctimas de la confrontación existen y demandan que el Estado, que aún no reconoce de manera concluyente su responsabilidad en el hecho, les devuelva lo que han perdido y les repare el daño causado.
La Ley de Víctimas, proyecto estratégico del actual gobierno, junto con la restitución de tierras y las iniciativas de leyes que promuevan la reparación y el retorno de los campesinos al campo, son iniciativas que requieren de toda la voluntad política y un descomunal esfuerzo presupuestal para garantizar los recursos para su implementación; eso es lo que no se visualiza -por lo menos en los proyectos-. Se mencionan recursos incautados, tierras decomisadas, aportes internacionales, pero no se incluyen cifras concretas del erario público o del presupuesto nacional. Además los fondos de solidaridad, con la catástrofe de la ola invernal que sufre el país, quedarán absolutamente exangües. Es una situación tan intrincada que existe una profunda distancia entre lo que ordena la legislación y los mecanismos existentes para la aplicación de la ley.
Las víctimas tienen tal condición por el hecho de serlo, el Estado no puede declararlas por decreto, y decidir si de acuerdo a unas variables tienen derecho a ser incluidos en los programas de reparación. Los niños, los ancianos y las mujeres muchas veces desconocen la proveniencia de sus victimarios; en las regiones donde el conflicto se agudiza, el orden público y las condiciones de seguridad sufren un mayor deterioro, pues las fuerzas del Estado no logran ejercer el control territorial, por lo tanto sus habitantes permanecen más expuestos a la delincuencia común y a la impunidad.
La ley también sostiene que quienes tengan vínculos familiares con los victimarios no tendrán derecho a la reparación!!! ¿Tienen de ello responsabilidad, los hijos, los padres o parientes cercanos de que estos grupos recluten a la fuerza o bajo engaños a indígenas, campesinos o jóvenes que carecen de oportunidades? En departamentos como Putumayo, Caquetá, Córdoba, Bolívar –por solo citar algunos-, en las zonas rurales un altísimo porcentaje de las víctimas tienen o han tenido personas cercanas vinculadas a uno y otro grupo, sea insurgente o de autodefensa, esa es la dinámica de la región, es también una forma de preservar la vida. En muchos casos la responsabilidad histórica debería asumirla Estado al no haber tenido presencia institucional significativa en estas regiones y permitir que estos grupos ejerzan el control e impongan su ley.
De buenas intenciones no se hacen las leyes, muchas de ellas como la Ley 70, (para comunidades afrocolombianas) después de 15 años de existencia no terminan de reglamentarse. Si se van a reparar víctimas desde el año 1985 hasta la fecha, se entenderá que es un proceso largo y dispendioso, que muchas víctimas ya han fallecido, que algunos reúnen la doble condición de víctimas y de victimarios, y lo que hace más compleja la situación, es que el conflicto armado en Colombia no da muestras evidentes de terminar, que la seguridad democrática lo que ha propiciado son cambios de escenarios, y que si hay tantos políticos presos y vinculados a los procesos por parapolítica, es porque este era (y sigue siendo)su proyecto político. Una inmensa paradoja es que tenemos un estado fuerte a pesar de que muchas de sus instituciones evidencian profundas debilidades.
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